Ana Fernández-Tresguerres participa en la publicación colectiva de Aranzadi “El Derecho de Familia a la luz del derecho fundamental europeo a la vida familiar”, aportando un capítulo en el que examina críticamente la propuesta europea sobre la protección de adultos y su integración en el nuevo marco del Derecho de la persona.
La propuesta de Reglamento sobre protección de adultos se integrará en el Derecho europeo en el nuevo ámbito del Derecho de la persona, que completa el Derecho de Familia y Sucesiones.
Supone un indudable beneficio para la libre circulación de personas en el territorio de la Unión Europea, tanto respecto de las medidas adoptadas por la autoridad competente nacional (hoy Tribunal, comprensivo de autoridades judiciales y autoridades) junto a las Autoridades centrales, como en relación con las medidas voluntarias que la persona adulta adopte en previsión de una futura discapacidad.
A la complejidad de la ley aplicable, establecimiento de autoridades, reconocimiento de las medidas y tratamiento de los documentos públicos, generalmente notariales, se unen dos problemas de fondo. El primero la geometría variable que crea la remisión en ocasiones en bloque, al Convenio de La Haya de 2000, sobre protección internacional de adultos y el segundo el cambio de paradigma que representa para el ejercicio de la capacidad jurídica, el Convenio de Nueva York de 2006, relativo a los derechos de las personas con discapacidad, que impiden la protección o la colocación del adulto con discapacidad. Se crea un certificado europeo de representación y se interconexionan los registros electrónicos nacionales sobre esta materia.